PHISHING: Es un término informático que denomina un tipo de delitoestafasingeniería socialcontraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas. encuadrado dentro del ámbito de las cibernéticas, y que se comete mediante el uso de un tipo de caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una
PHARMING: Es la explotación de una vulnerabilidad en el software de los servidores DNS (Domain Name System) o en el de los equipos de los propios usuarios, que permite a un atacante redirigir un nombre de dominio (domain name) a otra máquina distinta. De esta forma, un usuario que introduzca un determinado nombre de dominio que haya sido redirigido, accederá en su explorador de internet a la página web que el atacante haya especificado para ese nombre de dominio.
FRAUDE INFORMÁTICO: El delito informático, o crimen electrónico, es el término genérico para aquellas operaciones ilícitas realizadas por medio de Internet o que tienen como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y complejas y pueden incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados.
ROBO DE INFORMACIÓN: Es una de las peores amenazas para las organizaciones; y, sin embargo, los ejecutivos le han delegado este problema a terceros. Pero esta situación podría cambiar pronto. Una de las leyes contra el robo de información propuestas por el Senado de Estados Unidos le exigirá a las compañías con al menos 10.000 archivos digitales diseñar un sistema de seguridad que impida el acceso no autorizado a los mismos. Además, estas compañías deberán publicar sus procedimientos de seguridad y realizar auditorías frecuentes para evaluar sus posibles puntos débiles. De lo contrario, podrían encarar multas y acusaciones penales.
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